Los patrocinadores empujan los cambios en FIFA

Zúrich, Suiza. Issa Hayatou, presidente en funciones de la FIFA, dice que no es corrupto. Lo grita en el auditorium de la sede del máximo organismo del futbol mundial, pero lo cierto es que la FIFA sigue bajo sospecha permanente, tal y como demuestran las dos nuevas detenciones y los otros 14 acusados por la fiscalía general de Estados Unidos y que en las próximas horas serán detenidos por el FBI.

Mientras sus compañeros van a la cárcel, Hayatou habla de la limpieza de la FIFA, con juanfutbol de testigo en la sede de Zúrich. “Si fuera corrupto no estaría aquí. No he recibido un dólar o un euro para votar a nadie. No hay pruebas. La FIFA no es corrupta, han sido algunas personas. Vamos a seguir cooperando, tanto con las investigaciones suizas como norteamericanas. No tenemos autoridad sobre la justicia. Todo lo sucedido confirma que las reformas son más necesarias que nunca. El cambio es necesario”.

Lo cierto es que los cambios anunciados en su día, han tomado forma que debe ser ratificada en el próximo congreso de febrero. El más llamativo es el de la limitación de tres mandatos para los presidentes, medidas aprobadas por unanimidad y que, por lógica, adoptarán tanto las diferentes Confederaciones como las Federaciones.

El Comité Ejecutivo desaparece, pasando a ser denominado Consejo de la FIFA que no tendrá participación en el día a día y sí en la estrategia. El secretario general tendrá más peso en las decisiones. Treinta y seis serán los miembros del Comité, nueve de la UEFA, siete de la asociación africana, de la asiática, cinco de la CONMEBOL y de la CONCACAF y tres de Oceanía. El consejo tendrá como mínimo seis mujeres, una por Confederación. Cada Confederación deberá elegir a sus consejeros mediante elecciones.

Muchas de estas reformas, así como la de la transparencia en todas y cada una de las gestiones, llega como consecuencia de la presión de los patrocinadores, que todavía no han firmado contratos por 200 millones de euros y que han llevado a la FIFA, junto al tremendo gasto en abogados, a cerrar 2015, con un déficit de 100 millones de euros.